En profundidad
Atendiendo a los informes que ha publicado y difundido el Gobierno, así como a los datos de ejecución presupuestaria que, mensualmente, pone a disposición la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se puede realizar una estimación general sobre el estado de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en España.
El Gobierno ha publicado el cronograma del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia con la previsión de convocatorias de ayudas para el primer semestre del año 2023. Se prevé que durante los seis primeros meses del año se publiquen ayudas por un presupuesto total de 11.660 millones de euros, incluyendo licitaciones.
El pasado 27 de diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Este PERTE, contempla una inversión pública de 3.100 millones de euros (procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), destinada a impulsar la descarbonización y la modernización de la industria manufacturera.
El pasado 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de convocatoria del PERTE AGROALIMENTARIO para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, su modernización y diversificación.
El pasado 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de adenda al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Esta adenda, permitirá movilizar un total de más de 94.300 millones de euros adicionales.
Entre las convocatorias más importantes del periodo septiembre noviembre destacan la convocatoria del tercer segmento del Kit Digital, el PERTE de digitalización del ciclo del agua y el impulso en el componente 19 con las convocatorias para la formación de agentes del cambio y el programa de generación digital dirigido a directivos de pyme.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que se ha presentado recientemente, pone de manifiesto que el próximo año 2023 será el de mayor despliegue de inversiones y reformas acometidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El presupuesto total asignado para 2023 asciende a 28.692 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7% con respecto a la asignación inicial de 2022.
Destacamos las principales novedades en relación con los Fondos Next Generation que se han publicado durante el pasado mes de septiembre.
El pasado 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden que aprueba las bases que regirán las futuras convocatorias de ayudas en el marco del PERTE NAVAL.
Entre las novedades del último mes encontramos convocatorias como el KIT DIGITAL o la publicación de bases de los PERTES AGRO y NAVAL
Desde nuestra anterior actualización del avance en la canalización de ayudas con cargo a los fondos Next Generation, han tenido lugar diversas acciones llegando hasta un nivel de ejecución de casi el 32%.
El segundo semestre presenta oportunidades de ayudas por 11.000 M€ incluyendo licitaciones para diferentes tipologías de beneficiarios, tanto del sector público como del sector privado.
Hasta el 31 de mayo de 2022 se han publicado convocatorias de ayudas y se han transferido a las comunidades autónomas más de 20.200 millones de euros. Lo que equivale a algo menos del 30% de los recursos del Plan (sin contabilizar los fondos canalizados a través de licitaciones).
Con fecha 8 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, que contará con una inversión pública de más de 1.000 millones de euros hasta 2023. El Ejecutivo prevé que la medida genere un impacto económico de 3.000 millones y la creación neta de hasta 16.000 empleos.
Los sectores que se van a ver beneficiados de la llegado de fondos provenientes de Europa van a representar una gran variedad de la economía española. La rehabilitación urbana y la construcción como sector clave para alcanzar los objetivos principales de transición ecológica de nuestra sociedad, es un sector al que se le ha asignado una importante cantidad de recursos.
El Plan de Recuperación va a ser una de las palancas que impulsarán la economía española en los próximos años dado que va a tener efecto en muchos de los sectores e industrias más importantes de nuestro país. La Inteligencia Artificial es uno de estos ámbitos contemplados en el Plan, específicamente en el componente 16 denominado “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial”.
Tras la finalización del ejercicio 2021, cabe hacer un análisis final del grado de ejecución alcanzado de los Fondos Next Generation. Este sobrepasa ligeramente el 80% del presupuesto para 2021.
En el presente cronograma se pueden observar las convocatorias que han sido publicadas a lo largo del año 2021.
Aprobado el PERTE de Energías Renovables Hidrógeno Renovable y Almancenamiento, que movilizará 16.300 millones de euros. El PERTE de Energías Renovables movilizará más de 16.300 millones de euros entre el 2021 y el 2023: cerca de 6.900 millones serán movilizados por el sector público y en torno a 9.500 millones por el sector privado.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del 30 de noviembre el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, un instrumento de colaboración público-privada centrado en la transformación del sector sanitario a través de la ciencia y la innovación. Con este proyecto se pretende impulsar la creación de un sistema sanitario de altas prestaciones basado en la Medicina de Precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial.
En el presente cronograma se pueden observar las convocatorias que han sido publicadas a lo largo del año y las que se espera que sean publicadas hasta el final del 2021.
La aprobación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia va a provocar la llegada de una gran cantidad de recursos económicos para España. Hasta el año 2026, nuestro país recibirá alrededor de 70.000 millones de euros para incentivar la realización de inversiones y el desarrollo de proyectos. Sin embargo, este dinero (a diferencia de otras ayudas europeas) llegará de forma escalonada.
Desde nuestra anterior actualización del avance en la canalización de ayudas con cargo a los fondos, realizada a principios del mes de septiembre, han tenido lugar diversas acciones en el ámbito de los Fondos Next Generation.
En el presente cronograma se pueden observar las convocatorias que han sido publicadas a lo largo del año y las que se espera que sean publicadas durante el último trimestre de 2021.
A fecha 7 de septiembre, han sido aprobadas un total de 22 convocatorias relevantes destinadas a entidades público-privadas de España (especialmente PYMES), en distintos formatos de ayudas (subvenciones y financiaciones) bajo el plan llevado a cabo por el Gobierno de España, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante “MRR”). Estas convocatorias permiten sacar algunas conclusiones preliminares sobre los sectores nacionales que han sido hasta la fecha los más beneficiados por los estímulos del Plan de Recuperación.
Durante este verano se ha reducido el ritmo de convocatoria de las ayudas financiadas con fondos NGEU, pero no se ha detenido. En este periodo se han publicado 8 convocatorias destinadas a diversos ámbitos y sectores.
Durante los próximos meses se espera que se produzca un aumento en el ritmo de la publicación de convocatorias, hasta el momento se conoce que en el mes de septiembre se producirán tres nuevas convocatorias.
En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, “MRR”), se han aprobado hasta la fecha un total de 22 convocatorias destinadas a las entidades jurídicas público-privadas de España, destinadas al desarrollo de la transición ecológica, la cohesión territorial, la digitalización y la igualdad de género. Estos proyectos se financiarán con cargo a los fondos europeos (Next Generation), con el propósito de dinamizar los sectores económicos más perjudicados a causa de la pandemia de la Covid-19, y apoyar los sectores estratégicos en el futuro de España.
La aprobación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ha supuesto para España la posibilidad de obtener una gran financiación para poder desarrollar proyectos relacionados con la transición ecológica, la digitalización, la cohesión territorial y la igualdad de género. Estas inversiones permitirán dejar atrás las vicisitudes provocadas por la pandemia del Covid-19 y modernizar el sistema productivo español.
La implementación de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en concepto de transferencias, contempla la canalización de 21.541 millones de euros en el presente ejercicio de 2021 en España, para llevar a cabo diversas inversiones en 9 de las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación nacional. Hasta el 6 de agosto, se han publicado convocatorias para la aplicación de dichos fondos, equivalentes a una tercera parte del montante previsto para el conjunto del año. De ahí que resulta oportuno conocer en qué ámbitos ya se han comprometido más recursos, y en cuáles cabe esperar próximas convocatorias de ayudas.
El Fond-ICO Next Tech es una iniciativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) (a través, de Axis, su gestora de capital riesgo) y la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que busca movilizar un total de 4.000 millones de euros.
Este proyecto estratégico Incluye una serie de medidas para impulsar la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, en España, así como para crear una nueva movilidad, con una inversión total superior a los 24.000 millones de euros en 2021 – 2023.
El PERTE aeroespacial se prevé que movilice un presupuesto aproximado de 4.533 millones de euros en el periodo 2021-2025.
Este PERTE impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que contribuirá a una mejora en su gestión, al aumento de la eficiencia, a reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.
El PERTE se caracterizará por su carácter transformador y su capacidad para movilizar toda la cadena de valor. El PERTE aprovechará el patrimonio material e inmaterial del idioma español y de las lenguas cooficiales del Estado a través de su actualización, digitalización y su conversión en recurso económico.
El PERTE de la Economía Social y de los Cuidados movilizará un presupuesto de 808 millones de euros entre este año y 2026.
Cada convocatoria definirá los requisitos de información específicos que han de aportarse.
Un instrumento esencial en la tracción de la innovación en España es la compra pública de innovación (CPI), que ha permitido a algunas entidades públicas como CDTi desarrollar buenas prácticas para la política de innovación o que podrían ser una línea de colaboración con el sector privado para digitalizar muchos de los procesos que tendrá que llevar a cabo el sector público en las inversiones recogidas en la palanca 4 de modernización de la administración.
El Estado inyectará un montante directamente en el capital social beneficiario con cargo al Fondo, debiendo éste cumplir previamente una serie de requisitos que se concretarán en la convocatoria. La salida del Estado se producirá a partir del reembolso de la participación del Estado de acuerdo a un calendario previsto. No obstante, el beneficiario podría tener en cualquier momento la posibilidad de recomprar la participación adquirida por el Estado.
Un IPCEI permite que la financiación del sector público se conceda a nivel nacional para proyectos que realizan una importante contribución al crecimiento y competitividad del sector industrial y alineados con los objetivos estratégicos de la Unión Europea. Un IPCEI debe ser llevado a cabo por, al menos, dos Estados miembros de la UE y debe incluir cofinanciación de los beneficiarios, incluidas empresas privadas, así como difundir efectos indirectos positivos en toda la UE y ser muy ambicioso en términos de investigación e innovación.
Los fondos públicos-privados se dirigen haciendo un segmento de actividad concreto y los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos que se estipularán en las convocatorias. Este instrumento tiene la característica principal de que el personal público y privado participan bajo un mismo convenio con la coordinación de una empresa. Los fondos se constituyen a partir de aportaciones públicas y de capital privado para movilizar inversiones.
Con carácter general, se entiende por subvención toda entrega de dinero realizada por las Administraciones Públicas, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto o la realización de una actividad.
- Que el proyecto o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Las garantías son instrumentos que sirven: por un lado, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes contratantes de un producto o tasación financiera y, por otro lado, permiten un acceso a la financiación en condiciones más favorables.
Los préstamos son instrumentos reembolsables, es decir, tienen la condición de que el beneficio debe devolver, al plazo convenientemente fijado, el volumen total concedido junto a un montante adicional en concepto de intereses. La estructura de devolución del préstamo puede contener un plazo de carencia en el cual, durante ese período, el beneficiario sólo hace frente al pago de intereses (no de capital).
Las licitaciones públicas son procedimientos a través de los cuales las administraciones públicas convocan contratos para la ejecución de una obra o la provisión de un suministro o servicio.